/Las comisiones de derechos humanos deben actuar con independencia, en el caso del bebe muerto en el Penal de San Miguel : IDEHIE

Las comisiones de derechos humanos deben actuar con independencia, en el caso del bebe muerto en el Penal de San Miguel : IDEHIE

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Ante la desavenencia que ha quedado de manifiesto entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al hallazgo de un bebé sin vida al interior del Centro de Reinserción Social de San Miguel en la capital del estado, hacemos un llamado a ambas instituciones para actuar con independencia, al margen de todo interés político, y poner al centro a las personas.

Desde nuestra perspectiva y bajo el principio pro persona, existen fundamentos constitucionales y legales para la atracción del caso por parte de la CNDH, como originalmente lo anunció este organismo protector de los derechos humanos el pasado 15 de enero.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, apartado B, faculta a la CNDH para “investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos”. Por otra parte, el reglamento interno de la CNDH, en su artículo 14, establece que la facultad de atracción que le con­fiere el artículo 60 de su ley reglamentaria, “podrá ejercerse cuanto se trate de una presunta violación a derechos humanos que por su naturaleza trascienda el interés de la entidad federativa e incida en la opinión pública nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto resulta de especial gravedad”.

Estamos ante un hecho que constituye una violación grave a los derechos humanos de un niño por haberse vulnerado derechos esenciales como la vida e integridad que debían ser protegidas de manera reforzada por la condición de minoría de edad, conforme al artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las autoridades incumplieron el deber especial de cuidado cuando fue hallado sin vida en un establecimiento a cargo del Estado. Esto se suma a las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento y posibles esquemas de autogobierno existentes en los penales de la entidad que han sido documentadas por la CNDH en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciara, mismas que afectan los derechos de las personas privadas de la libertad y sus familias, y evidencian la existencia de un riesgo real e inminente ante el cual se debieron adoptar medidas de prevención. La revisión y atención del sistema penitenciario de Puebla es urgente. Por estas razones, la intervención de la CNDH, como ha ocurrido en ocasiones previas, resultaba relevante, sobre todo a la luz de la minada legitimidad que tienen la CDH de Puebla y su titular.

La retracción de la CNDH deja ver que más allá de su compromiso con los derechos humanos, tienen más peso consideraciones de orden político que desplazan del centro, en este caso, el interés superior de la niñez.

La CDH Puebla tiene ante sí una oportunidad para recuperar su legitimidad. Independientemente de las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, la CDH debe investigar estos acontecimientos con absoluta independencia, con la debida diligencia, de manera exhaustiva, transparente y con un enfoque diferenciado orientado por el interés superior de la niñez, a fi­n de asegurar una actuación guiada por la más amplia protección de los derechos humanos.

Sólo de este modo, ajenas a determinaciones políticas, las comisiones de derechos humanos pueden representar un medio para la preservación del Estado democrático de derecho y una garantía efectiva frente a los abusos del poder público.

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