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Concluye entrega a recepción con el 88% de irregularidades en la administración de Claudia Rivera

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Liz Cervantes

Debido a que la pasada administración que encabezó la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no solventó el 88.1 por ciento de las 2 mil 86 observaciones en el proceso entrega-recepción, el cabildo de Puebla aprobó enviar el dictamen final a la Auditoria Superior del Estado (ASE) e instruyó una investigación en contraloría por las anomalías identificadas.

En sesión extraordinaria, la secretaria general Silvia Tanús Osorio leyó los anexos, tanto lo comprobado que fueron solo 249, como lo que no se demostró en el periodo 2018-2021.

Antes de la votación, que al final quedó con 19 a favor, cinco en contra y una abstención, la síndica Guadalupe Arrubarena dio a conocer que los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia viciaron su posición y su voto, ya que participaron en una rueda de prensa con la comisión saliente, quebrantado de esta forma sus principios y, por ello, podrían incurrir en un conflicto de intereses si es que fijaban postura.

“Están impedidos para emitir opinión, no es válida ni legitima para la toma de decisiones en el cuerpo colegiado. Los deslegitima para defender este punto. Esto es delicado, la ley de entrega-recepción dice que los regidores somos ajenos, ya no es como era antes. Usurparon una función que no les compete”.

Incluso, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez les informó el conflicto de intereses establecido en el artículo 76, el cual traería consecuencias.

El regidor del PT, Ángel Rivera Ortega calificó esa mención como ley mordaza y una amenaza para no participar, sin embargo, el edil reviró diciendo que no había tal, ya que estaba haciendo uso de la palabra.

Al final, el edil Eduardo Rivera Pérez sostuvo que el cumplimiento de la ley nunca será amenaza.

“Es muy fácil poner pretextos y argumentos políticos o descalificaciones como las que han escuchado en lugar de hacerse responsables de sus actos, que la ley y la ciudadanía juzgue”.

Algunas anomalías de Claudia Rivera

De acuerdo a la lectura de Silvia Tanus, la comisión saliente no entregó documentación sobre los recursos económicos, que se administraran con honradez, eficacia y transparencia.

En el ejercicio fiscal 2019, en materia de adquisiciones de bienes y servicios, se celebraron 773 contratos por un monto de mil 580 millones 393 mil 386 pesos; en 2020 fueron 707 contratos por un monto mil 464 millones 954 mil 52 pesos, y en el 2021 un total 731 contratos por un monto de mil 299 millones 960 mil pesos.

De acuerdo a lo detectado, la celebración total fue de 4 mil 345 millones 307 mil 790 pesos, pero la comisión saliente no llevo a cabo la entrega a la comisión entrante de documentación justificativa, relativa a la debida planeación, presupuestación, licitación y adjudicaciones de los estados administrativos, es decir, no existen documentos de aprobación o de justificación de gasto respecto a bienes de servicios por la referida cantidad.

Además, no existen documentos de comprobación de gasto sobre 2 mil 112 millones 725 mil 934 pesos por obras públicas.

Sobre ello, Silvia Tanus citó que en 2019, la comisión saliente reportó 225 contratos por un monto de 473 millones 793 mil 602 pesos; en 2020, 182 contratos por 775 millones 84 mil pesos, y en 2021, 181 contrato por una cantidad de 863 millones 847 mil pesos; en total fueron 588 contratos por 2 mil 112 millones 725 mil

“La comisión saliente no llevó a cabo la entrega de documentos de planeación licitación y ejecución de los contratos, esto es que no existen documentos de comprobación de gasto sobre 2 mil 112 millones 725 mil 934 pesos”.